• Pide que se prioricen «las plantas pequeñas», la instalación sobre cubiertas y en espacios ya degradados
• «La transición energética tiene que ir de la mano de la transición ecológica y tiene que estar basada en el diálogo social»

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, ha llevado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de la cual es vicepresidente, una iniciativa con la cual pretende reivindicar más protagonismo de los municipios a la hora de determinar la implantación de las instalaciones fotovoltaicas en los pueblos. Gómez actúa en respuesta a «la avalancha de propuestas de instalaciones de plantas de energía renovable, tanto fotovoltaicas como eólicas», que llegan a los ayuntamientos y que, «en muchos casos, desborda las capacidades de nuestros municipios para hacer frente adecuadamente a la doble necesidad que tenemos: por un lado, avanzar hacia una imprescindible e inaplazable transición energética, y por otro, dado que las plantas de energías fotovoltaicas y eólicas son grandes consumidoras de suelo (la proporción es de 2 hectáreas por 1 MW), conciliarlo con el uso racional del suelo y evitar la ocupación innecesaria de territorio».

Alzira, Catadau, Carcaixent o Guadassuar son algunos de los municipios de la Ribera Alta directamente afectados por esta situación que, sin embargo, toca también a otros muchos pueblos de la geografía valenciana. Y allá donde aparece, suele generar un gran rechazo social, como es el caso más reciente de Aielo de Malferit.

Gómez considera que el avance hacia la transición energética es imparable y que los municipios tienen que impulsar este cambio de paradigma hacia energías verdes, pero cree que esta tiene que ser compatible con los criterios de sostenibilidad: «Conseguir que la transición energética sea también una transición ecológica, respetuosa con los valores territoriales, paisajísticos, ambientales y sociales». Lamenta que el reciente Decreto Ley 14/2020 del Consell, que establece las medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, «ha extendido la compatibilidad urbanística, incluso, a suelo no urbanizable protegido, cuando los usos no estén expresamente prohibidos, arrebatándonos a los municipios cualquier margen interpretativo que permitiera modular la implantación de este uso». Esta situación, indica, propicia que «zonas con alto valor agrícola, protecciones paisajísticas que aportan valor añadido al turismo o espacios muy valorados por los vecinos, queden afectados por megaproyectos de estas energías renovables sin que los ayuntamientos podamos hacer gran cosa».

Por otro lado, como en el caso de la instalación recientemente presentada Alzira por parte de la empresa Gandasolar 1, SL, «las plantas mayores de 50 MW, competencia del estado, no facilitan que podamos tener una visión global del territorio para buscar un equilibrio territorial en su implantación».

Así las cosas, apunta, «ante la imposibilidad de los municipios de decidir sobre las mejores ubicaciones, la única alternativa que parece que nos queda es la de recurrir a la suspensión de licencias y a la modificación puntual del planeamiento, con las dificultades que esto comporta, para poder ordenar la implantación de estas grandes infraestructuras. De hecho, muchos municipios ya han iniciado ese camino: Aielo de Malferit, Carcaixent, Castalla, Cofrentes, Fontanars dels Alforins, Godelleta, Ibi, La Vall d’Uixó, l’Olleria, Onil, Turís, Chella o Chiva. Otros municipios han optado por hacer una ordenación territorial de las actividades mediante planes especiales que afectan a varios municipios. Así, ya lo han iniciado Ayora, Jarafuel y Zarra; y Agost y Monfort han firmado un acuerdo para iniciarlo conjuntamente ante la solicitud de una planta de 95 MW que afecta a sus términos». También la Conselleria de Política Territorial «se ha visto abocada a iniciar un catálogo de protección de paisajes de los vinos, para dar respuesta a la necesidad de proteger determinadas zonas que, con mucho de esfuerzo, han conseguido hacer rentable el cultivo de la viña, ofreciendo productos de gran calidad, manteniendo un paisaje agrícola de alto valor, creando una economía alrededor que atrae turismo y aporta valor añadido».

Gómez lamenta que, con esta situación, «los promotores eligen donde ponerse, a menudo sin conocer la realidad territorial del País Valenciano ni la realidad de nuestros pueblos y, una vez los promotores han hecho su elección, a las administraciones municipales y autonómicas, a menudo con visiones contrapuestas, solo nos queda intentar que el impacto territorial sea el menor».

Ante este panorama, el alcalde de Alzira ha tomado la iniciativa de abrir el debate en el seno de la FVMP para cambiar la «forma en que se está desarrollando la transición energética en el País Valenciano. Invertir los papeles. Que sean las administraciones, autonómica y local, quienes determinen qué terrenos son más idóneos para acoger estos tipos de instalaciones de energías renovables, con criterios claros que hagan más ágil y con más seguridad jurídica para todos los actores, tanto promotores como administraciones, y también para la ciudadanía, la implantación de las plantas».

Gómez cree que se tendría que determinar de forma previa «la idoneidad de los terrenos, para articular zonas preferentes y zonas donde no sea posible la instalación, así como minimizar la ocupación innecesaria del territorio, y priorizar realmente la implantación en terrenos degradados o que ya están altamente antropizados». Hace falta, indica, «analizar a priori la capacidad de acogida del territorio para evitar el efecto acumulativo» y preservar «los espacios de alto valor agrícola, paisajístico o natural». Los alcaldes afectados coinciden en el hecho de que se tiene que «priorizar, estableciendo criterios claros y porcentajes mínimos, el autoconsumo y las comunidades energéticas», y priorizar, así mismo, «las plantas más pequeñas, que generan un menor impacto» y las instalaciones sobre cubierta. Ve indispensable el «fomento de una mayor participación social y de los municipios en los proyectos de instalaciones de plantas de energía renovables», y que la implantación de las plantas responda «a las necesidades reales presentes y las estimadas en un futuro del País Valenciano». Y considera que se tienen que establecer «sistemas de compensación para las zonas rurales, por la mayor afección territorial que soportan». Por último, pide que se garantice el «mantenimiento de la autonomía municipal y de la participación pública en las decisiones que afecten a los municipios y a los ciudadanos».

Con todas estas medidas, Gómez pretende también trasladar la preocupación de los municipios en la Generalitat Valenciana: «Esta situación solo se puede reconducir desde el consenso con el territorio», por lo que insta «a la conselleria con competencias en materia de ordenación territorial a la elaboración de un instrumento que analice y ordene la implantación de las instalaciones de generación de energías renovables y que, una vez aprobado, haga posible una implantación más ágil, con mayor seguridad jurídica y con consenso social», una decisión que considera urgente.